Con objeto de mejorar la gestión de los impuestos medioambientales autonómicos y la asistencia a los contribuyentes de los mismos se crea el Censo de Obligados Tributarios Medioambientales de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, con la finalidad de establecer el procedimiento de alta, modificación de datos y baja en el Censo de los contribuyentes obligados a presentar declaraciones censales en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006.

A través de este procedimiento las personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean contribuyentes del Impuesto autonómico sobre vertidos a las aguas litorales o del Impuesto autonómico sobre emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, podrán cumplir con sus obligaciones censales, a las que están obligados aun cuando sean beneficiarias de las exenciones previstas en la Ley 9/2005, de 29 de diciembre. Será necesario que dispongan de una autorización ambiental autonómica para ello.

Los efectos de las declaraciones presentadas se desplegarán desde la fecha de su presentación, sin necesidad de ninguna resolución de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, encargada de la gestión  y mantenimiento del Censo, sin perjuicio de que este organismo pueda realizar actuaciones de comprobación censal e iniciar, en su caso, los procedimientos de rectificación censal que la normativa prevé.

El cumplimiento de las obligaciones censales es obligatorio y su incumplimiento puede suponer el inicio de un procedimiento sancionador y la rectificación censal de oficio por parte de la Administración, en su caso.

Personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica del 35.4 de la LGT que sean contribuyentes de los impuestos medioambientales autonómicos sobre vertidos a las aguas litorales o sobre emisiones de gases contaminantes, aun cuando sean beneficiarias de las exenciones previstas en la normativa siempre que tengan concedida la autorización ambiental autonómica que corresponda.